Fuimos a protestar por los abusos de Israel, y abusaron de nosotros, pero no desistiremos

Por Claudio A. Caamaño Vélez

Mantenernos callados ante los abusos que comete Israel contra el pueblo Palestino es una forma de complicidad con ese genocidio que ya ha costado la vida a miles de niños, mujeres y hombres, asesinados de manera cobarde e indiscriminada. Crimen que aun continua, y todos los días suma más víctimas a esa larga lista.

Israel habla de “terrorismo”, cuando ellos son los principales terroristas. Lanzan misiles contra ciudades y atacan escuelas con tanques de guerra. Ese comportamiento debe ponernos en alerta. El hecho de que un país se sienta con la impunidad de hacer ese tipo de cosas, apoyado siempre por los Estados Unidos, es un mal presagio para la humanidad.

Este jueves un grupo de personas fuimos a la Embajada de Israel, a mostrar nuestra solidaridad con la resistencia Palestina y el repudio a la violencia, y nos tocó vivir una muestra del abuso israelí. Tropas especiales de la Policía Nacional (SWAT), armadas de ametralladoras fueron apostadas frente a manifestantes por completo indefensos y en total postura pacifica. También pusieron un cerrado cordón policial frente a nosotros para que los vehículos que transitan por esa avenida no pudieran ver los carteles con fotos de la masacre, violándonos así nuestro derecho a la libre expresión.

Enviar tropas de ese tipo, entrenadas para matar, es un abuso de poder, es una irresponsabilidad de parte de la Jefatura de la Policía. No es de extrañar tratándose de un Estado Genocida como lo es Israel, pero que la Policía Nacional se preste para poner en amenaza al pueblo al que está llamada a defender, eso sí es preocupante.

Esto es una muestra del servilismo a los Estados Unidos por parte de nuestras autoridades. Por un lado el gobierno caya ante los abusos de Israel, y por el otro dispone de las tropas mejores armadas para intimidar a manifestantes que piden paz. Si eso no es mostrar apoyo a Israel, entonces no se que lo será.

El próximo jueves a las 5:00pm volveremos frente a la Embajada de Israel, a decirles en la cara lo que son: unos genocidas abusadores. Si alguien entiende que poco hacemos con ir a pedir paz, menos hacen los que se quedan de brazos cruzados. 

El INACIF: una institución al margen de la ley

Por Claudio A. Caamaño Vélez (@ClaudioCaamano)

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses es un claro ejemplo de cómo la autoridad pública es la principal promotora del irrespeto y violación a las leyes. Lo que debería ser un órgano técnico independiente, como establece la ley, no es sino un órgano atado por completo al poder político.

INACIF es, según su propia ley, la única facultada para expedir los informes y peritajes requeridos por el Sistema de Administración de Justicia de la República Dominicana; con la misión principal de brindar los auxilios científicos y técnicos a los órganos de investigación y a los tribunales.

La Ley No. 454-08, vigente desde el 2008, es la ley orgánica del INACIF. Establece en su artículo primero que este es un organismo independiente, sin embargo funciona abiertamente como una dependencia de la Procuraduría General. Esto se puede notar a simple vista en la fachada del edificio que acoge dicho organismo, donde reza: “Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Procuraduría General de la República”. La misma ley establece que los miembros del INACIF deben ser nombrados por concurso, mas la realidad es que son designados a dedo por el Procurador General de la República.

Para muestra un botón: el actual director del INACIF, que la ley ordena de manera obligatoria sea egresado de una de las aéreas de ciencias naturales, con un mínimo de diez años de experiencia forense o criminalística, es un ingeniero industrial, y su experiencia laboral es en zonas francas. Esto en adición a que no fue nombrado con el procedimiento que manda la ley.

El artículo 6 de la referida ley pone la gestión de este organismo a cargo del Consejo Directivo del INACIF, el cual está integrado por el Procurador General de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Ministro de Salud Pública, el Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, el Presidente de la DNCD, el Jefe de la Policía Nacional, y el Director del INACIF (con voz pero sin voto). ¿Cuál es la verdad? Este consejo nunca se ha reunido válidamente.

Esto es algo muy delicado. Estas irregularidades hacen que los actos emanados del INACIF, lo cuales constituyen piezas fundamentales en los procesos penales, puedan ser declarados nulos, en virtud de que “son nulos de pleno derecho todos los actos hechos contrarios a la ley”, así como de las disposiciones referentes a la legalidad de la prueba establecidas en el Código Procesal Penal.

Esta situación dista mucho de la aparente postura del gobierno de perseguir la delincuencia y la criminalidad.

En este sentido, y procurando que sea corregido este garrafal vicio jurídico, hemos interpuesto, junto a Nathaly Ramírez Díaz, una acción de Amparo de Cumplimiento, que será conocida el jueves 26 de junio a las 9 de la mañana, por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.

Solo esperamos una cosa: que el poder político no se imponga  sobre el derecho y la justicia. Tal vez es mucho pedir, pero no perdemos la esperanza.

Loma Miranda: más que la lucha por una montaña

Por Claudio A. Caamaño Vélez (@ClaudioCaamano)

En los últimos meses hemos visto como una parte considerable de la sociedad dominicana se ha movilizado para evitar que la minera Falconbridge Dominicana (Falcondo) ejecute actividades de explotación minera en la zona de Loma Miranda, provincia Monseñor Nouel. Así mismo hemos visto como sectores y personas han salido en la defensa de esa empresa.

   Desde una mirada sencilla, digamos 2D, se puede afirmar que es una lucha para evitar que se deforeste una montaña. Pero desde una mirada más profunda, digamos 3D, podemos notar que esta lucha es mucho más de lo que a simple vista se puede ver. De hecho, es muchísimo más.

   Esta lucha, es la de un pueblo por preservar sus recursos naturales. Es la lucha de una nación contra las transnacionales mineras. Es la de un país contra el capital (que no tiene patria), que solo busca sacar beneficios sin medir consecuencias. Es la lucha de la verdad contra la manipulación mediática y la compra de conciencia.

   La lucha por la defensa de Loma Miranda representa el alto nivel de conciencia que ha logrado nuestro pueblo, el cual se ha dado cuenta que unas monedas pasajeras no pueden canjearse por el futuro de una nación. Es un verdadero despliegue de libertad y autodeterminación; una exhibición de que el poder soberano reside en el pueblo; la afirmación de que el interés colectivo está por encima de los intereses (ambiciones) particulares.

   Por esta razón debemos, a sangre y fuego (metafórica o literalmente según aplique), evitar que las mineras transnacionales continúen su avance por nuestro territorio. Este país no solo es nuestro, también es de nuestros hijos, nuestros nietos, y de los hijos y nietos de estos.

   Así como Moisés partió en dos las aguas del Mar Rojo, así mismo se ha visto clara la franja divisoria entre los defensores de nuestro país y sus detractores. Esa es otra lección importante que no deberíamos olvidar.

C.C

Solo nos van a dejar los hoyos

Por Claudio A. Caamaño Vélez

“Cuando se vayan de aquí solo nos van a dejar los hoyos”. Esa fue una de las últimas reflexiones Francisco Alberto Caamaño Deñó, conversando con el teniente Almonte Castro, su custodio, poco antes de ser asesinado al atardecer del 16 de febrero de 1973. La hizo al ver el cielo enrojecido por los hornos de la Falconbrige Dominicana (Falcondo). Hoy, 41 años después, no acabamos de entender esa verdad.

Justificar la explotación de Loma Miranda aduciendo las fuentes de empleo es algo irresponsable, por no decir otra cosa. El desempleo que existe en nuestro país es fruto no de que se preserven los recursos naturales, sino de una mala administración política; hay muchas formas de generar empleos decentes fuera de la mega-minería. Además, esas fuentes de empleo son insostenibles, y esas comunidades y familias terminarán en una condición aun peor; habrán habituado su economía a un recurso agotable. ¿Qué pasará con esos miles de empleados cuando se acabe el níquel? Pueden decir que irán creando fuentes alternativas de empleo, pero entonces ¿por qué no lo han hecho en todos los años (desde 1955) que llevan operando en nuestro país?

La empresa Falcondo se vende hoy ante nuestro país como una gran conservacionista, la cual se precia de aplicar técnicas muy eficientes para la recuperación de los daños fruto de su actividad minera. Pero ¿qué ha hecho esta empresa por las montañas depredadas que pueden verse desde la Autopista Duarte?, y si esas son las que se ven, que será de las que no.

A las transnacionales mineras no les importa en lo absoluto el futuro de los países en los cuales operan, solo les interesa que lo que saquen sea mucho mayor a lo que invierten. Cuando terminan con lo que hay, recogen sus motetes y se van; dejando tras de sí grandes pasivos ambientales y sociales. Como una vez escuche decir a alguien: “el capital no tiene patria”.

La empresa Falcondo, así como la generalidad de las mineras transnacionales, es una superdepredadora, esa es su naturaleza. Lo preocupante y doloso es la complicidad de dominicanos, que por conveniencia, por servilismo o por una mezcla de ambas, defienden esos intereses.

En próximos escritos iremos abundando más sobre los argumentos que hemos planteado aquí, pues la verdad, ante tanta indolencia e injusticia resulta difícil hacer silencio.

C.C

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Tribunal aplaza amparo busca destitución director INACIF

La Jueza Judith Contreras Esmurdoc, quien preside la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, aplazó para el próximo jueves 26 de junio, a las 9 de la mañana, el conocimiento de la acción constitucional de amparo que busca la destitución del director de Instituto Nacional de Ciencias Forenses. La decisión fue adoptada en la audiencia del pasado 22 de mayo, por la incomparecencia del director del INACIF, Francisco Gerdo Rosales, así como del Ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo Núñez, a los fines de que sean citados nuevamente.

Los accionantes Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Antonio Caamaño Vélez interpusieron la acción de amparo solicitando el cumplimiento a la Ley No.454-08, ley orgánica del INACIF, la cual alegan no se está cumpliendo.

Afirman que en la actualidad el INACIF opera como una dependencia de la Procuraduría General de la República, lo que contradice el artículo primero de dicha ley. Así mismo manifestaron que los miembros y directivos del INACIF son nombrados por el Procurador y no por concurso, como establece la referida ley.

Claudio Caamaño señala que el actual estado de ilegalidad con que opera el INACIF afecta sus actuaciones de vicio de nulidad plena, en virtud de lo establecido por los artículos 26 y 166 de Código Procesal Penal. Razón por la cual asegura que las investigaciones y pruebas procesadas por el INACIF deben ser declaradas nulas. Expresó que “las pruebas procesadas por INACIF en casos penales, pueden ser destruidas con la simple solicitud por parte interesada de que sean declaradas nulas por ser hechas en violación a la ley, lo que genera un serio problema en la persecución de crímenes y delitos”.

La Ley No.454-08, promulgada el 27 de octubre de 2008, crea y regula el funcionamiento de INACIF. Los accionantes aseguran tener pruebas de que no está siendo cumplida. Se espera que en la próxima audiencia tribunal decida sobre el fondo.

Interponen amparo busca destitución director INACIF

Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Antonio Caamaño Vélez interpusieron la acción de amparo alegando que el actual director no cumple con los requisitos mínimos que establece la ley.

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, que preside la Jueza Judith Contreras Esmurdoc, fijó para este jueves 22, a las nueve de la mañana, la audiencia para conocer la acción de amparo de cumplimiento contra el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Esta acción que tiene como pedimento principal que se dé cumplimiento a la Ley No.454, ley que crea el INACIF, fue interpuesta por Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Antonio Caamaño Vélez.

La Jueza ordenó que sean citados los miembros del Consejo Directivo del INACIF, el cual componen el Presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, el Ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, la Directora de la Oficina Nacional de Defensoría Publica, Laura Hernández, el Presidente de la DNCD, Mayor General Julio Cesar Souffront, el Jefe de la Policía, Mayor General Manuel Castro Castillo, y el Director del INACIF, Francisco Gerdo Rosales.

Ramírez Díaz y Caamaño Vélez, afirman tener pruebas de que en estos momentos el INACIF está operando de manera ilegal. Afirman que la Ley No.454, dice en su artículo primero que el INACIF es un organismo independiente, pero en la actualidad funciona abiertamente como una dependencia de la Procuraduría General de la República, y sus funcionarios en lugar de ser nombrados por concurso como ordena la ley, “son nombrados a  voluntad y conveniencia del Procurador”. Así mismo consideran que esto es un asunto muy delicado, pues dado que la Procuraduría juega el papel acusador, no puede al mismo tiempo ser quien procese y produzca las pruebas.

Como ejemplo de esto citaron al actual director del INACIF, Francisco Gerdo Rosales, que a pesar de que el artículo 8 de la referida ley exige que sea un forense con por lo menos diez años de experiencia en criminalística, este es un ingeniero industrial, cuya experiencia laboral es en zonas francas. Razón está por la cual dijeron solicitarán al tribunal su inmediata destitución.

Caamaño Vélez expresó que el actual estado de irregularidad e ilegalidad con que alegadamente opera el INACIF puede dar lugar a la invalidación de las pruebas procesadas por ese en los procesos penales, mediante su simpe solicitud en cualquier estado de causa, en base a lo dispuesto por el artículos 26 y 166 del Código Procesal Penal. Agregó así mismo que esta situación contrasta con la aparente intención de gobierno de perseguir y combatir la criminalidad.

Por su parte Ramírez Díaz manifestó que “es intolerable que un organismo de tanta importancia en la persecución de los crímenes esté operando en una ilegalidad tan grosera, sin respetar lo mas mínimo la ley que lo constituye. No se puede permitir eso”.

Caamaño: ¿en Abril o en Caracoles?

Por Claudio Antonio Caamaño Vélez (@claudiocaamano)

Querer separar al Caamaño de Abril del Caamaño de Caracoles, es como querer separar el hidrógeno  del oxigeno, y pretender que no dejará de ser agua.

El pasado 14 de abril, en el Listín Diario, vi unas declaraciones del Ministro de Cultura, donde decía que al Caamaño que se exalta es al de Abril y no al de Caracoles. Lo cual solo es un recalco de algo que ha dicho varias veces en distintos medios. Puede parecer un gran disparate, pero lo cierto es que pone en evidencia una gran realidad.

Exaltamos al Caamaño que nos defendió de una invasión extranjera, pero no al Caamaño que vino a deponer a un gobierno despótico y criminal, puesto ahí por los mismos “turistas” invasores de 1965. Exaltamos al Caamaño que defendió la Constitución y la legalidad, pero no al Caamaño que vino a enfrentar a un régimen que ultrajó la Constitución y las leyes de nuestro país de la manera más grosera posible.

Lo que pasa es que el Caamaño de 1973 vino a luchar contra los mismos males que hoy día sigue padeciendo nuestro país. Ese Caamaño de Caracoles vino a enfrentar el abuso de poder, la corrupción, los privilegios de los funcionarios, la brecha social. El Caamaño del 65 fue un líder, brotado de una epopeya histórica, que sin buscarlo (incluso sin darse cuenta) se convirtió en héroe; pero el Caamaño de 1973, era un ser con alto nivel de conciencia social, que no surgió de la coyuntura, sino que tenía una clara visión de los problemas de fondo de nuestro país, y que de manera concienzuda había resuelto venir a enfrentarlos.

Mientras el Caamaño de 1965 es el ejemplo de militar leal a las leyes (cosa que conviene mucho a un sistema que hace las leyes a su conveniencia), el Caamaño de 1973 era un luchador contra la injusticia, sin importar si esta se sustentaba en las leyes.

Mientras el Caamaño de Abril representa la estabilidad legal, el de Febrero representa la verdadera revolución; representa la metamorfosis de un ser humano; la transformación social de una persona.

Reconocer al Caamaño de Caracoles sería como auto incriminarse, reconocer como Héroe a alguien que vino a combatirlos a ellos mismos. Ante el ejemplo del Caamaño de Caracoles nuestros actuales gobernantes deberían sentir vergüenza.

Esa postura del Ministro de Cultura, que cada día mas deja ver su real naturaleza, solo sirve para poner en evidencia lo conscientes que están nuestros gobernantes de lo mal que ellos lo están haciendo. Tal vez a José Antonio Rodríguez, por su falta de pericia en política, se le esté escapando ese tipo de cosas que deja en evidencia la visión que tiene este sistema de aquellos a los que nuestro pueblo considera como sus héroes.