Conferencia en Centro Cultural Perelló, sobre incidencia de la juventud en la política dominicana

Especialista denuncia personal INACIF no está calificado para hacer pruebas ADN

Santo Domingo, D.N.- El doctor George Torres, médico especialista en medicina  molecular y análisis de ADN, denunció recientemente que los miembros del laboratorio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses no poseen calidad para realizar análisis de ADN. Explicó que no están capacitados para llevar a cabo tales pruebas y no han realizado, ninguno de ellos, estudios de especialización en esta área. El doctor Torres afirma haber participado en más de 18 mil pruebas de ADN a lo largo de su carrera.

Según una investigación que realizó observando el curriculum de los miembros del INACIF, manifestó que estos evidencian una baja calificación. Explica que dichas informaciones las tomó de la página oficial de esa institución.

Expresa que el director de ese centro de investigación forense, Francisco Gerdo Rosales, es ingeniero, no médico, y que su experiencia laboral es en zonas francas. Así mismo establece que la doctora Práxedes Apolinario, quien afirmó que había restos de hombres y mujeres combinados, contradiciendo el informe antropológico de 1987, nunca ha realizado estudios fuera del país, ni ha participado en ningún proyecto de importancia, y que tampoco es especialista en las aéreas asignadas a ella. De igual manera manifestó, que la persona a cargo de las pruebas de ADN, Sonia Lebrón, no es médico, y  que en el informe ni siquiera se menciona quien la supervisó para hacer estos estudios de tanta importancia.

Así mismo el doctor Torres dijo estar en la disposición de participar en un debate público “para que queden desenmascarados esos investigadores”, a quienes calificó como unos “advenedizos sin experiencia alguna para tratar de desvirtuar la Historia como lo han hecho”.

De igual forma calificó de irresponsable al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, al colocar a un personal inexperto para efectuar uno de los análisis más importantes de nuestra Historia. Advierte que esto debe servir para poner el alerta sobre calidad de los organismos de investigación con que cuenta la República Dominicana.

Restos Caamaño: despejando dudas sobre informe de INACIF

Por Claudio Antonio Caamaño Vélez

Muchas personas me han preguntado por las redes sociales qué cómo es posible que un Tribunal emitiera una sentencia ordenando el traslado de los restos del coronel Caamaño al Panteón de la Patria cuando ya el INACIF dio un informe diciendo que esos no son. Así mismo veo que muchos medios se hacen eco de lo que dice ese informe.

No es que el informe del INACIF no tenga valor para nosotros, o para los jueces que emitieron la Sentencia No.040-2014, es que simplemente no tiene valor, pues además de ser nulo por estar hecho contrario a la ley, adolece de graves incongruencias que se evidencian con la simple lectura.

Todo acto realizado contrario a la ley es nulo de pleno derecho. El estudio que realizó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses fue ordenado de manera arbitraria en franca violación a la Ley 4-13, por lo que carece de fuerza legal o probatoria. Además, el informe fue dado a conocer luego de que el Tribunal Superior Administrativo ordenara la suspensión de dichos estudios.

Desde el punto de vista científico, el INACIF cometió innumerables errores de procedimiento al momento de exhumar y procesar esos huesos. No se tomó precaución alguna para evitar que los restos de Caamaño fueran contaminados con ADN proveniente de otra persona. Todos vimos como la caja donde reposaban los restos fue abierta al público, en un lugar donde había cientos de personas; ese error por si solo invalida el estudio. Así mismo no respetaron debidamente la cadena de custodia. Aun hoy no sabemos donde estuvieron los restos de Caamaño durante los más de siete meses que fueron objeto de “estudio”, más grave aún, todavía no sabemos donde están esos restos ni cuál es su estado actual. Lo único sabemos, de manera no oficial, es que estos se estuvieron guardando en el depósito donde guardan la droga.

No decimos que el INACIF no encontró ADN en los restos de Caamaño, lo que decimos es que ese ADN no pertenece a esos huesos. Puede pertenecer a los miembros del laboratorio, a cualquiera de las personas que estaban presentes el día de exhumación, a los antropólogos que realizaron el estudio en el 1987, o a cualquier persona que tuvieron contacto con esos restos, que fueron muchas. Pero definitivamente no pertenece a los restos de Caamaño, que fueron parcialmente quemados, y que luego estuvieron más de 7 años bajo tierra, envueltos en lodo, lo cual destruye la molécula de proteína que contiene el ADN, como han asegurado todos los especialistas que consultó el Congreso Nacional, así como los consultados por la Fundación Caamaño.

Ese informe está plagado de contradicciones, y carece de muchos elementos. Por ejemplo, no explica el por qué no se encontraron muestras en la mayoría de los restos, ni como dos fémures, que evidencian pertenecer a una misma persona, uno pertenece a un hombre y el otro a una mujer, una mujer que ese caso tendría casi seis pies de estatura según las medidas antropométricas de dichas osamentas (la altura de Caamaño).

El informe del INACIF contradice en todas sus partes el informe realizado por los antropólogos que tuvieron a su cargo el levantamiento y estudio de esos restos en 1987, sin embargo no hace una sola referencia a esto. Lo cual es, entre otras cosas, una falta de respeto al trabajo que realizaron esos reconocidos profesionales de la antropología dominicana.

El informe del INACIF solo sirve para probar una cosa: la intención que se tuvo desde un principio de desacreditar la autenticidad de los restos del coronel Caamaño. Así mismo debe servir para poner en alerta sobre la calidad de los aparatos de investigación con que contamos en la República Dominicana.

Debajo de estas piedras hay muchas cucarachas. El pueblo se irá dando cuenta de la verdad que ha estado detrás de todo esto, de cómo pretendieron botar en un osario común los restos del patriota dominicano más trascendente del siglo XX: Francisco Alberto Caamaño Deñó.

@claudiocaamano

claudiocaamano@gmail.com

OPINION SOBRE INFORME DEL INACIF RESTOS CAAMAÑO

Nota importante: El autor es médico especialista en Medicina Interna, Medicina Pulmonar y Cuidado Crítico, previo investigador clínico asociado al departamento de Microbiología de la escuela de Medicina de Ponce, Puerto Rico, en las áreas de biología molecular y análisis de ADN. Ha realizado más de 18 mil pruebas de ADN a lo largo de su carrera.

Por George F Torres,  MD

“…borra de un solo golpe y plumazo todos los elementos que hasta ese momento se habían considerado validos con respecto a la procedencia de estos restos, basados en “conclusiones” que luego de leer el informe mismo solo puedo catalogar de poco veraces, absurdas y contradictorias”.

Florida, Estados Unidos.- El día 16 de Febrero de 1973 fue asesinado en las montañas dominicanas el Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien solo 14 días antes había desembarcado comandando un grupo guerrillero que había decidido enfrentar con las armas al gobierno del Dr. Joaquín Balaguer.

Los testimonios hasta ahora obtenidos de los participantes en aquella gesta Histórica dan cuenta de que Caamaño fue capturado con vida y posteriormente fusilado. Existiendo ordenes previas de que su cuerpo fuera destruido, el mismo fue sometido a temperaturas extremas en una pira improvisada para tales fines y sometido a su vez a la acción térmica de varios combustibles fósiles y químicos por varias horas, siendo su cuerpo parcialmente destruido y desmembrado con la consecuente desaparición de la mayoría de las piezas óseas, procediéndose con posterioridad al enterramiento de las mismas junto a los restos de dos de sus compañeros muertos el mismo día.

En el año 1987 luego de incesantes esfuerzos, y con la cooperación bajo promesa de recompensa económica a detectives privados y miembros separados y/o activos de las Fuerzas Armadas, en una zona altamente militarizada se encontraron unos restos óseos en el Valle de las Lechuguillas, San José de Ocoa, mismo lugar donde había sido asesinado catorce años antes el Coronel Caamaño. Luego de obtener la autorización del presidente de la República, Joaquín Balaguer, y su Ministro de las Fuerzas Armadas, Antonio Imbert Barreras, se autorizó a un grupo de los mejores antropólogos del país a realizar un levantamiento de los mismos bajo la atenta mirada de familiares, periodistas, militares y particulares que allí se reunieron.

De acuerdo a la descripción ofrecida por el principal investigador de este caso, se había expuesto un fémur humano sin que la geografía circundante a la misma área fuese alterada en lo más mínimo. En una brillante exposición de la localización, ubicación, estado de los restos y procedimientos seguidos para su  excavación se hizo referencia a un cuerpo incompleto, desmembrado, quemado bajo la acción del fuego, al cual le faltaban la mayoría de sus piezas óseas incluyendo la cabeza, las manos y los pies, y colocado en posición atípica en medio del terreno circundante. Es importante señalar que a escasa distancia de este cadáver incompleto y mutilado se encontraron dos esqueletos completos pertenecientes a dos seres humanos más.

En relación a los  medios utilizados para desenterrar estos restos humanos, en aquel lugar no se trataron los mismos como el área de un crimen, sino como un levantamiento arqueológico. Por ende no se establecieron las medidas de precaución que hoy se aconsejan para evitar la contaminación de estas áreas y proceder a una identificación no adulterada y propicia de los restos a ser analizados. Es de conocimiento público que para este levantamiento no se cubrió el medio ambiente, no se utilizaron ni siquiera guantes y/o mascarillas y que los mismos fueron manipulados por más de veinte o treinta personas, incluyendo su traslado a casas de particulares antes de ser llevados a su destino final en la Avenida Máximo Gómez, en una de las manifestaciones populares más grandes que hayan ocurrido en la República Dominicana.

El estudio antropológico realizado en 1987 es, sin embargo, nada menos que brillante. Se ofrecen en el mismo los detalles anatómicos de los huesos en estudio; se hace referencia a los materiales encontrados en los huesos y a su definitiva exposición a altas temperaturas y al efecto del trauma. Se utilizaron medidas antropométricas exactas, avaladas por estudios radiográficos precisos y se llego a la conclusión acertada, desde el punto de vista científico, de que estos restos eran enteramente compatibles con quien en vida se llamo Francisco Alberto Caamaño Deñó. Sumado a la prueba antropológica, a la evidencia testimonial y a las características así descritas se hizo obvio que estos restos humanos correspondían a los del Comandante asesinado.

En el año 2013 el Congreso de la Republica, máximo organismo del poder Legislativo, promulgo una ley para el Traslado de estos restos óseos, desde su lugar de descanso en la Avenida Máximo Gómez hasta el Panteón de la Patria, donde reposan los Héroes de la República. Luego de la Promulgación de la Ley 4-13 por la Máxima Autoridad Política, el Presidente de la República, Danilo Medina, se crea una comisión para organizar el traslado de los restos hasta el Panteón Nacional, cuyo objetivo no era otro que facilitar los medios para que esta actividad fuera posible.

Es entonces cuando, atribuyéndose facultades que no le correspondían ni le corresponden y violando la disposición de una Ley, el Ministro de Cultura accede a presiones de particulares y decide realizar pruebas de ADN a los restos encontrados hacia ya 27 años. Es en este momento en el cual soy requerido por el presidente de la Fundación Caamaño, Claudio Caamaño Grullon,  para ofrecer mi opinión en el mismo sentido, como miembro de la Fundación Caamaño y su representante en los EEUU de Norteamérica.

Luego de estudiar detenidamente este caso, y comunicándome a su vez tanto con miembros de las familias Caamaño Vélez, Caamaño Acevedo y Caamaño Deñó para ofrecer mis perspectivas sobre este caso en particular, con la experiencia de haber participado de manera directa o indirecta en la obtención, el procesamiento y análisis de más de 18,000 muestras de ADN en mi carrera profesional, envié varias declaraciones juradas en donde rechazaba la factibilidad de obtener una muestra fidedigna, debido a varios factores que ya han sido mencionados en otras comunicaciones y que todos ellos recibieron de manera directa de mi parte. Recomendé a la referida Comisión la no realización de esas pruebas, precisamente conociendo la posibilidad real de un resultado negativo o pobremente específico y erróneo, tal como efectivamente ha sucedido y por el cual se pretende llevarle al pueblo dominicano la noción de que estos restos no son auténticos.

Es menester señalar que para mi sorpresa, y de nuevo obviando todos los protocolos establecidos para el trato de estos restos como evidencia de un crimen, se realizó una nueva exhumación en presencia de periodistas, familiares y particulares, esta vez en el Cementerio de la Avenida Máximo Gómez. Una vez más, el área no fue sellada al ambiente. La urna conteniendo los restos descritos fue abierta al medio ambiente y al público allí presente, que constaba de decenas de personas. Luego de realizar este show mediático los restos fueron transportados bajo prácticamente ninguna custodia al centro INACIF en la ciudad de Santo Domingo.

Luego de varios meses sin ofrecer ningún tipo de información pública, y sólo luego de la orden expresa de un tribunal (el Superior Administrativo), el INACIF sorprende a la Nación Dominicana, para alegría expresa de unos pocos, y emite un reporte que borra de un solo golpe y plumazo todos los elementos que hasta ese momento se habían considerado validos con respecto a la procedencia de estos restos, basados en “conclusiones” que luego de leer el informe mismo solo puedo catalogar de poco veraces, absurdas y contradictorias.

La comparación entre el estudio antropológico de 1987, el cual ni siquiera es mencionado en el reporte actual de INACIF, y este último reporte es diametralmente opuesta, tanto en la forma, el contenido, la precisión y la calidad científica de los mismos. Se llegan a cometer errores garrafales que hemos (para no utilizar otros términos) catalogado de graves y penosos. Para nada se tomó en cuenta el estudio previo, ni sus datos, ni su contenido, ni sus resultados.  Se partió desde un principio con un desconocimiento total de la forma en que fueron hallados, manejados, manipulados y estudiados estos restos en el pasado. El informe del INACIF se llega a contradecir en sí mismo en más de una ocasión, con descripciones de huesos “completos en más de un 95%” con “huesos incompletos, fragmentos y extremos proximales de los mismos”. Afirma todavía más el investigador principal diciendo que estos restos están “completos tal como ocurrió al momento de la muerte”, sin mencionar cual fue ese momento, ni sugerir siquiera una causa probable para la misma.

Describe el INACIF en estos “huesos completos” la friolera de 66 piezas óseas, no concluyendo que a estos restos humanos por ende le faltan 160 piezas óseas. Por sus análisis contradictorios, adulterados y marcadamente erróneos, llegan y le transmiten a la población que allí había más de un individuo y más de un sexo en las referencias suministradas.

El peor de los errores, y el mas craso, sin embrago ocurre cuando se realiza un estudio de ADN no tomando en cuenta variable alguna que no fuese demostrar una familiaridad entre las muestras en cuestión y algunos miembros de la familia Caamaño, y no entender las variables científicas y epidemiológicas de sensitividad y especificidad de una prueba cualquiera para dar a conocer sus disparatados resultados. Es decir, el hecho de que aparezca, tal como apareció un “ADN” en estos restos y no aparezca el mismo “ADN” en los demás familiares no se puede interpretar tal como erróneamente se interpreto, es decir, probando que esos restos no pertenecían al padre biológico o hermano de esos miembros, sino que esos miembros no estuvieron en contacto con la muestra analizada en cuestión, siendo esta la principal diferencia entre un estudio diseñado para ofrecer resultados validos y uno que buscaba de antemano señalar la negatividad misma.

La pregunta que debió hacerse y no se hizo el INACIF era de quien era el ADN encontrado en los restos. De cuál de las 20 o 30 personas que manipularon esos restos en 1987. De cuál de los técnicos que efectuaron la prueba. De cuál de las decenas de personas que estaban allí presentes cuando de manera desordenada se abrió la urna al medio ambiente, cuando es de ellos muy bien sabido que una sola partícula de saliva, sudor, contaminación de varios orígenes, podía adulterar el resultado de la muestra misma. Todo lo anterior sin medir las consecuencias de su error para la Historia y la Nación Dominicana.

Ese, y no otro, es el peor de los pecados de este reporte improcedente, anormal, incongruente e injusto, que de manera obvia se asocia a los peores intereses que gravitan sobre la República Dominicana, y por lo que jamás debió ni debe ser aceptado como válido por el pueblo dominicano. Es por lo mismo que nos reafirmamos en nuestra posición de que los restos del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó deben ser llevados sin más dilaciones y sin más violaciones de los poderes del Estado a su lugar definitivo en el Panteón de Los Héroes de La Patria.

¿Por qué darle cumplimiento a la Sentencia que ordena el traslado de los restos de Caamaño al Panteón de la Patria?

Por Eugenia Rosario Gómez

Eugania Rosario Gomez,
Abogada, ciclista, Presidenta

de la Fundación Rondado

Por Mi País

Los seres humanos vivimos apoyados en los rituales, de hecho, estos marcan de manera contundente toda nuestra existencia: las fiestas patrias, los  bautizos, las bodas, los cumpleaños, los aniversarios, tanto para nosotros como para el resto de los mortales. Hay hechos y personas que cambian la historia, que hacen realidad lo que hasta ese momento era un sueño, personas que han hecho de sus ideales su propósito de vida, seres que han sido capaces de dejarlo todo por aquello que consideran verdadero.

Hace ya 41 años que un grupo de hombres armados, sobre todo armados por dentro de libertad y patriotismo, iniciaron una lucha que aún dura hasta hoy: la lucha por la democracia y la soberanía dominicana. Se ha convertido en un ritual para su generación que a su vez trata de dejarle a su descendencia estos recuerdos. Es difícil, por no decir imposible, dejar un legado sin la correspondiente carga de rituales que lleva consigo esta herencia de hermandad y dominicanidad.

Francisco Alberto Caamaño fue asesinado, mutilado y enterrado junto a otros guerrilleros; con el paso de los años fue desenterrado, manipulado, analizado, vuelto a enterrar, a desenterrar, a manipular y a examinar, con todas las consecuencias que ello implica. Años de lucha, de enseñanza, de consciencia ciudadana, de conservar los valores por los cuales estamos libres hoy aquí hicieron que el gobierno dominicano a través de una ley honrara como es debido uno de los más grandes héroes que ha parido la República Dominicana en el siglo XX.

Cuarenta y un años después no se trata de determinar si son o no los restos, se trata de honrar la memoria de uno de los hombres más grandes que hemos tenido el orgullo y el honor de dejar en los anales de nuestra historia, se trata de crear las condiciones para que el ritual de honrarlo sobreviva a los que hoy siguen su ejemplo y su lucha, se trata de sentar un precedente, de que las nuevas generaciones tengan un lugar donde honrar la memoria de nuestra propia historia, de nuestra propia verdad.

Caamaño en si mismo habita en los corazones de quienes lo conocieron, de quiénes conocieron su vida y su ejemplo. Caamaño vive en el aire dominicano, en la tierra que nos acoge, en el mar que nos rodea. Los restos de Francisco Alberto sobrevuelan las montañas de la Cordillera Central, de la Septentrional y de Oriental; sus restos caen con el rocío de la Sierra de Bahoruco, de la de Neyba, ondea a la par con todas las banderas que se izan en el Valle de Constanza, de la Vega. Sus huesos caminan desde Dajabón hasta cabo engaño. Se hace necesario reunir estas cenizas que gritan desesperadamente en todos los rincones de esta media isla que debemos seguir luchando porque cada dominicano sea verdaderamente libre, libre de herencias culturales banales, libre de ocupaciones consumistas vacías, libre del capitalismo absurdo que pretende dejar más pobres a la población y más ricos a los que ya tienen dinero aunque no tengan corazón.

Debe dársele cumplimiento a la Ley para que todos los dominicanos y dominicanas podamos legalizar, al fin, uno de los rituales que constituirán el pilar del futuro de la República Dominicana, porque como todos sabemos "todo aquel que desconoce su historia, esta condenado a repetirla".

@eugeniaesther

eugeniarosariogomez@gmail.com

Respuesta a declaraciones Ministro Cultura sobre sentencia ordena traslado restos Caamaño

Por Claudio Antonio Caamaño Vélez

En mi condición de accionante, junto a Nathaly Ramírez Díaz, en el proceso de Amparo de Cumplimiento contra el Ministerio de Cultura y la Comisión de Exaltación, que concluyó con un resultado favorable, no sólo a nosotros, sino a todo el pueblo dominicano, en cuya representación hemos actuado, me veo en la obligación de referirme a las declaraciones del Ministro de Cultura José Antonio Rodríguez.

Equivocarse es de humanos, corregir es de sabios. La Comisión de Exaltación, presidida por él, se equivocó al negarse arbitrariamente a trasladar los restos del coronel Caamaño. Su actual postura puede conducirlo a una equivocación mayor, con consecuencias más delicadas. Llamar “inaceptable, improcedente y desconocedora” a una sentencia en materia constitucional, es una indelicadeza de gravedad considerable.

Es importante que el ministro tome conciencia que no debe hablar unilateralmente en nombre de la Comisión de Exaltación, mucho menos en declaraciones que le puedan acarrear graves perjuicios a la persona de cada uno de los que componen la misma.

La Sentencia No.040-2014 no plantea una sugerencia a tomar en cuenta, sino una orden a ser cumplida. José Antonio Rodríguez, como funcionario público debe ser obediente a las órdenes que se le imparten, y debe respetar la institucionalidad de los órganos que crean las leyes, así como la de aquellos que administran la justicia.

La Ley 137-11, que regula el Amparo, es muy clara al establecer en su artículo 111 que “la sentencia será cumplida por la autoridad o funcionario obligado en el plazo que ella disponga”. Por lo que el Ministro de Cultura, además del astreinte que deberá pagar, a título personal y no en sus funciones de ministro, por cada día de incumplimiento, puede ser administrativamente considerado en desacato, lo cual es aun más grave.

El Ministro José Antonio Rodríguez, habló de recurrir la decisión de los jueces, y ciertamente está en todo el derecho, pero es prudente que sepa que el artículo 54 de la Ley 137-11, en su numeral 8 establece que “el recurso no tiene efecto suspensivo…”. Por lo que independientemente de su decisión de recurrir deberá darle cumplimiento a la misma dentro del plazo de los 15 días que ella establece.

El Ministro de Cultura primero desobedeció una orden emitida del Poder Legislativo, en forma de Ley, ahora pretende desafiar una decisión del Poder Judicial, en forma de Sentencia. Un funcionario público, ni nadie, debe jamás sentirse con el poder y la autoridad de hacer tales desacatos.

Esperamos que las declaraciones del Ministro de Cultura, en su calidad de presidente de la Comisión de Exaltación, se deban a una mala asesoría y a su desconocimiento de la Ley, y no a una consciente actitud de desobediencia, autoritarismo y desacato.

Confiamos en el buen juicio de los miembros de la Comisión de Exaltación y que dentro de los próximos 15 días veremos a los restos del coronel Caamaño descansar el en Panteón de la Patria, como lo quiso el Congreso Nacional, como lo manda la Ley 4-13 y como ahora lo ordena la Sentencia No.040-2014.

Tribunal ordena traslado restos coronel Caamaño al Panteón de la Patria

LA SENTENCIA ORDENA QUE SE CUMPLA LA LEY No.4-13, DANDO UN PLAZO DE 15 DÍAS Y FIJANDO UN ASTREINTE DE 25 MIL PESOS DIARIOS.

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, presidida por el Juez Federico Fernández De La Cruz, acogió la Acción de Amparo de Cumplimiento interpuesta por Nathaly Ramírez Díaz y Claudio Antonio Caamaño Vélez contra el Ministerio de Cultura y la Comisión de Exaltación del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, creada por la Ley 4-13.

La Segunda Sala, integrada también por la Jueza Mildred Hernández Grullón y el Juez Rafael Ciprián, ordenó, mediante Sentencia 040-2014, “cumplir con el traslado de los restos del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la Patria, tal como le fue ordenado por la Ley No.4-13 de fecha 15 de enero del 2013”. Ordenando de igual manera que dicho traslado sea realizado “en un plazo no mayor de Quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia”. Además fijó un astreinte de 5 mil pesos a cada uno de los cinco miembros que integran la Comisión de Exaltación, por cada día de incumpliendo a partir del vencimiento del plazo otorgado. Dicho astreinte seria a favor de Hogares Crea Dominicano, Inc.

Esta acción fue iniciada el 7 de noviembre 2013, correspondiente al Expediente No.030-13-01321, en contra del Ministerio de Cultura y la Comisión de Exaltación, compuesta por José Antonio Rodríguez Duvergé, Juan Daniel Balcácer, Claudio Caamaño Grullón, Rafael Pérez y Pérez y Frank Moya Pons.

Nathaly Ramírez, expresó que este resultado crea un precedente jurídico, abriendo una vía jurídico-procesal para proteger el patrimonio histórico y cultural del pueblo dominicano, entre los que se encuentra la memoria histórica. Por su parte Caamaño Vélez manifestó que si no hubiese sido por esta acción de Amparo de Cumplimiento los restos del hombre más trascendente del siglo XX hubiesen terminado en un osario común. “Los enemigos de Caamaño aun están presentes, pero sus seguidores están aquí para defender su ejemplo y su figura” expresó. Así mismo expresaron que esta acción la realizaron no como familiares del coronel Caamaño, sino como dominicanos comprometidos con su Patria.

Al ser cuestionados sobre si la sentencia es apelable, los accionantes explicaron que ésta sentencia sólo es recurrible ante el Tribunal Constitucional, pero que en ningún modo ello suspende su ejecución.

A continuación el dispositivo de la Sentencia No.030-13-01321