Por Claudio Caamaño Grullón
Si no existe un régimen de causa-consecuencia o
crimen-castigo, se invita a las personas a cometer crímenes y delitos. En
nuestro país la justicia y la protección ciudadana, si es que se les puede
llamar así, se han tornado por completo incompetentes. Jueces, fiscales y
policías han perdido su razón de ser.
No es una excepción, por el contrario, es la regla, los casos
que se vuelven eternos en los tribunales, de los cuales muchos terminan por
enviar a la calle a culpables de crímenes horrendos, poniendo en peligro a toda
la sociedad.
El gobierno, por su falta de diligencia en unos casos, y su
complicidad en la mayoría, ha generado una promoción de la criminalidad, ha
cultivado la impunidad.
No es el látigo el que golpea, sino el verdugo que lo tiene
agarrado por el mango. No debemos descargar nuestra ira en el policía corrupto
o muy mal pagado, en el incompetente fiscal o en el juez acobardado. Los
verdaderos responsables son los que dirigen el Estado. Esos son los que nos
tienen en la pésima situación que estamos.
El 11 de marzo de 2012, mi hijo Claudio Francisco Duarte
Caamaño Vélez fue asesinado por la espalda. A partir de ahí nuestra familia ha
tenido el irreparable sufrimiento de no tenerlo entre nosotros, lo cual es
normal ante la pérdida de un ser querido. Lo que no es normal es el otro
sufrimiento, el de ir mes tras mes a cada una de las 41 audiencias contra sus
asesinos sin ver aún un asomo de respeto por la vida ni por la justicia; eso no
es normal, no lo podemos aceptar, ni como familia, ni como nación.
Hemos sufrido en carne viva, durante 2 años y 11 meses, la
nefasta realidad de los tribunales dominicanos, donde no funciona ninguno de
sus componentes.
Nos gustaría pensar que esto es algo que solo le pasa a
nuestra familia, pero no es así. Es un cáncer que ha hecho metástasis en todos
los tribunales de la República Dominicana y que hay que extirpar ya, cueste lo
que cueste.
La fiscalía desde un inicio preparó una acusación precaria,
que evidenció una pobre investigación, teniendo nosotros mismos que preparar
una acusación alternativa, y realizar nuestras propias investigaciones para
determinar lo que pasó. Donde asesinaron con premeditación y alevosía a Claudio
Francisco había más de 200 personas, de las cuales apenas conseguimos cuatro
testigos. Los demás fueron amenazados e intimidados por asociados de los
sicarios, con relaciones muy influyentes con altas autoridades locales y
nacionales. Situación que denunciamos ante la fiscalía pero que no tuvo ninguna
reacción, incluso cuando la denunciamos directamente al procurador general de
la República. En ese mismo lugar también fueron heridas otras cuatro personas,
una gravemente, pero éstas no se atrevieron siquiera a poner la querella, fruto
de las mismas amenazas e intenciones de asesinato que aún a la fecha persisten
y están impunes.
El tribunal, lo primero que hizo fue descargar de manera
absoluta a la mayoría de los apresados por el caso, dejando en prisión a uno
solo. Las juezas del Tribunal Colegiado de Peravia: Orquis Celado González
(presidenta), Quenia Pol Sanquintín y María Cordero Segura jamás han asumido el
carácter de que el caso llegue a su conclusión, aceptando cada una de las
tropelías de los abogados defensores, aplazando una y otra vez las audiencias,
permitiendo en sus caras que nuestra familia sea ofendida y amenazada. Muchos
de los aplazamientos se han producido porque el mismo tribunal no envía las
citaciones ni hace cumplir sus propias sentencias.
De nuestros testigos, solo dos nos quedan porque han sido
constantemente amenazados, uno de ellos, Abraham Martínez, ha sido en varias
ocasiones objeto de intentos de asesinato. En el último de estos llegaron a
realizarle varios disparos, logrando salvar la vida por la intervención de
personas que lograron repeler la agresión. En reiteradas ocasiones tanto verbal
como por escrito le hemos solicitado protección para los testigos, para mí y
nuestra familia al procurador fiscal de Peravia, Lic. Constantino Beltré
Sánchez, en ningún momento nos ha proporcionado protección alguna, como ordena
el artículo 26, numeral 2, de la Ley Orgánica del Ministerio Público. De qué
sirve que esta ley en más de veinte artículos hable de la protección a víctimas
y testigos. De qué sirven las leyes si los encargados de ejecutarlas no las
cumplen.
Actualmente tenemos una investigación abierta por ante la
Oficina Nacional de la Defensoría Pública, para que se determine por qué el
abogado defensor público asignado mediante sentencia a uno de los tres
imputados, no ha asistido nunca, provocando el aplazamiento de las últimas
cuatro audiencias y el tribunal no hace nada.
Hemos denunciado ante el Ministerio de Defensa y las
jefaturas de la Armada y el Ejército de la República Dominicana a familiares de
los asesinos que nos han estado amenazando así como a nuestros testigos, que
asisten a las audiencias a intimidar y agredir a nuestra familia. Ese es el
caso entre otros del teniente Diómedes González Martínez E.R.D y el sargento
Wirman Luis Martínez Arias de la A.R.D. A pesar de que tenemos años denunciando
estas situaciones nada han hecho sus respectivos cuerpos armados, continuando
aún estos con sus prácticas ilegales y abusivas en nuestra contra.
Nunca le había pedido algo a un presidente, pero ante la
situación de que se pudiese desatar una nueva tragedia, fui recibido
cordialmente por el presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, hace nueve meses,
para que éste dispusiera de sus buenas acciones en la solución de las trabas y
peligros que tiene este proceso.
Dos meses después de esta reunión visité al jefe de los
Ayudantes Militares del Presidente, mayor general Adán Cáceres Silvestre,
E.R.D, el cual me mostró un informe lleno de falsedades sobre lo que traté al
presidente Medina, y todo sigue igual.
Nuestra familia ha tomado la firme e irrenunciable decisión
de iniciar una lucha para que nuestro derecho de justicia no sea pisoteado como
hasta ahora. Esta lucha no es solo contra los asesinos de nuestro hijo, es
sobre todo una lucha contra un sistema judicial nefasto, promotor de crímenes y
generador de impunidades.
El pueblo dominicano no debe aceptar esto como normal.
Debemos todos repudiar lo que está ocurriendo con la justicia en nuestro país.
Vivimos en un Estado democrático, que tanto sacrificio nos ha costado, pagamos
con altos impuestos el presupuesto de la nación. ¿Entonces, por qué no
recibimos lo que merecemos, lo que nos corresponde por derecho? ¡Basta ya!
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