Por Claudio A. Caamaño Vélez (@ClaudioCaamano)
El
Instituto Nacional de Ciencias Forenses es un claro ejemplo de cómo la
autoridad pública es la principal promotora del irrespeto y violación a las
leyes. Lo que debería ser un órgano técnico independiente, como establece la
ley, no es sino un órgano atado por completo al poder político.
INACIF
es, según su propia ley, la única facultada para expedir los informes y
peritajes requeridos por el Sistema de Administración de Justicia de la
República Dominicana; con la misión principal de brindar los auxilios
científicos y técnicos a los órganos de investigación y a los tribunales.
La
Ley No. 454-08, vigente desde el 2008, es la ley orgánica del INACIF. Establece
en su artículo primero que este es un organismo independiente, sin embargo
funciona abiertamente como una dependencia de la Procuraduría General. Esto se
puede notar a simple vista en la fachada del edificio que acoge dicho
organismo, donde reza: “Instituto
Nacional de Ciencias Forenses, Procuraduría General de la República”. La
misma ley establece que los miembros del INACIF deben ser nombrados por
concurso, mas la realidad es que son designados a dedo por el Procurador
General de la República.
Para
muestra un botón: el actual director del INACIF, que la ley ordena de manera
obligatoria sea egresado de una de las aéreas de ciencias naturales, con un
mínimo de diez años de experiencia forense o criminalística, es un ingeniero
industrial, y su experiencia laboral es en zonas francas. Esto en adición a que no fue
nombrado con el procedimiento que manda la ley.
El
artículo 6 de la referida ley pone la gestión de este organismo a cargo del
Consejo Directivo del INACIF, el cual está integrado por el Procurador General
de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Ministro de
Salud Pública, el Director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, el
Presidente de la DNCD, el Jefe de la Policía Nacional, y el Director del INACIF
(con voz pero sin voto). ¿Cuál es la verdad? Este consejo nunca se ha reunido
válidamente.
Esto
es algo muy delicado. Estas irregularidades hacen que los actos emanados del
INACIF, lo cuales constituyen piezas fundamentales en los procesos penales,
puedan ser declarados nulos, en virtud de que “son nulos de pleno derecho todos los actos hechos contrarios a la ley”,
así como de las disposiciones referentes a la legalidad de la prueba
establecidas en el Código Procesal Penal.
Esta
situación dista mucho de la aparente postura del gobierno de perseguir la
delincuencia y la criminalidad.
En
este sentido, y procurando que sea corregido este garrafal vicio jurídico,
hemos interpuesto, junto a Nathaly Ramírez Díaz, una acción de Amparo de
Cumplimiento, que será conocida el jueves 26 de junio a las 9 de la mañana, por
la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.
Solo
esperamos una cosa: que el poder político no se imponga sobre el derecho y la justicia. Tal vez es
mucho pedir, pero no perdemos la esperanza.
