Familia de Claudio Francisco Caamaño Vélez asegura asesinos están ligados a red Arias Valera

Santo Domingo, D.N.- Familiares de Claudio Francisco Caamaño Vélez, asesinado el 12 de marzo de 2012, afirman que asesinos de su pariente están ligados a la red del suspendido juez Francisco Arias Valera. 

Señalan al sargento de la Policía Nacional Luis Confesor Martínez Arias, vinculado al asesinato de Claudio Francisco Caamaño Vélez el 12 de marzo de 2012, de ser parte de una red mafiosa. Aseguran que han recibido informaciones de que además de ser primos y ser ambos oriundos de Pizarrete, Bani, el sargento pertenece a una estructura delictiva encabezada por el juez, que entre otras cosas realizaba actos de sicariato.

Manifiestan que son muchos los elementos que evidencian altos niveles de protección con que cuenta Martínez  Arias. Plantean que en un primer momento la fiscalía de Bani lo sacó del expediente, teniendo ellos que apelar ante la Corte de Apelación de San Cristóbal, donde fue reintroducido. Así mismo señalan que fue trasladado de la Cárcel de Bani al centro de Operaciones Especiales de la Policía, sin informar al tribunal, en franca violación a la ley, donde estuvo cerca de un año, variándosele luego la medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica sin ninguna justificación.

De igual forma señalan que a pesar de requerimientos al jefe de la Policía, incluso al Presidente de la República, para que fuera suspendido de sus funciones hasta culminar el proceso, sigue en servicio activo. Por lo que aseguran que el sargento Luis Confesor Martínez Arias cuenta con altos niveles de protección. Así mismo acusan que las irregularidades evidenciadas en el proceso, que lleva más de cuatro años y medio, se deben a los vínculos del sargento Martínez Arias con la red mafiosa que opera en la justicia dominicana.

Por esta razón la familia Caamaño Vélez solicitó el 12 de agosto pasado a la Procuraduría General de la República investigar los vínculos del sargento Martínez Arias con el suspendido juez Arias Valera, así mismo presentaron otra solicitud de investigación del 17 de agosto de 2015. Manifiestan que en ambos casos la Procuraduría no ha hecho caso a sus solicitudes.

Expresaron que les preocupa que un asesino quede impune por la falta de voluntad de la justicia dominicana, y las estructuras que operan al interno de esta. Solicitan al Ministerio Público atender sus solicitudes de que sea investigo el sargento de la policía Luis Confesor Martínez Arias.

Un respaldo sincero al CONEP

Por Claudio A. Caamaño Vélez

Es justo felicitar la valentía y la responsabilidad que muestran las declaraciones de Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, que no son suyas, sino del organismo que él representa (que no e’paja e’coco). Son legítimas, y expresan sabiduría.

Es lógico que los que colapsaron el sistema electoral dominicano pretendan desacreditar esas verdades irrefutables. Pero es absurdo decir que a los empresarios no les compete ese tema; como si las autoridades “electas” el 15 de mayo no fueran a administrar los impuestos que ellos pagan; como si la estabilidad económica no tuviera que ver con la estabilidad política; o como si los empresarios no fueran también ciudadanos.

Los que nos gobiernan hoy exhiben un poder que no respeta la sana crítica, incluso si viene de los que soportan económicamente la estructura de la cual parasitan.

La preocupación de que un partido haya usado toda clase de argucias para monopolizar el poder, arrasando con el equilibrio político, soporte de la paz y la estabilidad, no debe ser preocupación exclusiva del CONEP. Decir que “la confianza en la institucionalidad que rige las elecciones se agotó”, que “en nuestra sociedad hay un malestar de desconfianza en las instituciones a las que hemos entregado la función de representarnos”, es una clara lectura de la realidad.

Cuando la confianza en la institucionalidad electoral está rota, y lo está, la estructura institucional colapsa, pues se pierde la credibilidad, razón de ser del andamiaje del Estado.

Cuando a una olla de presión le tapan la válvula, reventará por algún lado. El PLD al acaparar todos los poderes ha cerrado esa válvula, y lo único que pide el CONEP es que la abra para evitar una explosión con consecuencias inciertas ¿Eso es mucho pedir? ¿Es acaso una imprudencia? O tal vez lo imprudente es quedarse callado y dejar que reviente, como de seguro ocurrirá si no se toman los correctivos.

El CONEP tiene un pedimento sensato: la implementación de medidas que nos permitan iniciar el camino para recobrar la confianza. Una solicitud al parecer muy radical para los que hacen fiesta con el Estado.

Plantea que eso es posible promoviendo mayor equidad en el financiamiento de los partidos políticos; fortaleciendo la capacidad de fiscalización, control y sanción para los que violen la ley; garantizando el derecho de la ciudadanía a estar bien informada; aprobando la Ley de Partidos y una nueva Ley Electoral. Esos no son inventos del CONEP; lo sugirió la OEA y lo ordena la Constitución desde el 2010.

¿Es exageración pedir que sea acortado el periodo de campaña y limitar los recursos de la misma? Recursos que después son sacados de las costillas del pueblo y exprimido de las empresas. ¿Es insensatez pretender que en la elección de los candidatos prime el talento, la capacidad y la trayectoria, y no la cantidad de dinero que tengan? Lo único insensato ahí es que eso lo digan los que tienen dinero, en lugar de ser los “progresistas” quienes enarbolen con vehemencia ese discurso.

Una Ley de Partidos que establezca procesos institucionales que ponga un freno al capricho y a los negocios de las cúpulas partidarias ¿Es eso algo descabellado? De seguro que si para los que adoran el autoritarismo, y los que negocian candidaturas. ¿Tal vez sea un exceso del CONEP pretender un freno para el descontrol que existe en los partidos, que abre las puertas a lavadores de dinero, narcotraficantes y contrabandistas?

El atrevimiento mayor de seguro fue mencionar que el aumento excesivo en el gasto público durante los procesos electorales ha sido la principal causa de reformas fiscales. Como dijo alguien por ahí: “no se puede ocultar”. ¿O tal vez fue más atrevido plantear topes al déficit y la deuda pública? Es muy bueno endeudarse y pedir prestado para que otros paguen.

El CONEP tiene razón, la sociedad no permitirá que los partidos continúen repartiéndose la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y las Altas Cortes. No lo permitirá o no lo resistirá; esta es una situación insostenible, que por un lado u otro va a reventar. Y si puede haber algo peor que la repartición de esas instituciones entre los partidos, es que uno solo lo acapare todo.

El CONEP no ha pasado de la barrera empresarial a la política; es que ante la ausencia de posturas políticas por parte de los que en teoría deberían asumirlas, su postura brilla más de lo que a muchos les gustaría.

La oposición dominicana, la sociedad en sentido general, deben respaldar las declaraciones del CONEP, emular la sabiduría y responsabilidad que ha tenido ese organismo. Ellos dijeron que están dispuestos a hacer su parte (y la están haciendo), hagamos nosotros la nuestra.

@ClaudioCaamano

Inadmisible

Por Claudio Caamaño Vélez 

¡Inadmisible! Esa fue la decisión del Tribunal Superior Electoral en relación a una acción de amparo preventivo que “osamos” interponer por ante ese tribunal.

   Nuestro pedimento era muy sencillo, algo que como quien dice se cae de la mata: que se ordenara a la Junta Municipal de Santo Domingo Este abstenerse de emitir certificados de elección o realizar proclamaciones hasta que las demandas en nulidad que se están conociendo por ante esa Junta sean resueltas, protegiendo el derecho a ser elegidos de los demás candidatos, pues se estaría proclamando a alguien cuyo proceso de elección esta aun pendiente. Es algo que se desprende hasta del orden lógico de la ley electoral. Pero ni eso fue capaz de fallarnos a favor el TSE.

   En sus motivaciones para tal decisión plantean que fue "...en razón que el pedimento de los accionantes corresponde ser formulado mediante el procedimiento ordinario y en tal virtud no se encuentra dentro del ámbito del amparo electoral, por lo que este Tribunal no ha constatado alguna amenaza a violación de derechos fundamentales en perjuicio de la parte accionante."

   Primero, es cierto que existen otras vías, pero para que sea inadmisible por esa razón esas vías deben ser más efectivas que el amparo, y no existe otra vía más efectiva en cuanto a celeridad, informalidad y tutela; y de existir una el Tribunal estaba en la obligación de señalarla. 

   Segundo, plantea que "no ha constatado alguna amenaza a violación de derechos fundamentales". Como si el derecho a ser elegido no fuera un derecho fundamental, como si este no estuviera plasmado en la Constitución de la República y en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

   Tercero, nuestro amparo no fue un "amparo electoral" el cual está debidamente individualizado en la Ley 137-11, que regula los procedimientos constitucionales. La nuestra fue una acción de amparo preventivo, incoada por ante ese tribunal en razón de la afinidad con el derecho a proteger, como manda la mencionada ley. 

   Otra vez queda evidenciado que las decisiones del Tribunal Superior Electoral no son decisiones jurídicas, sino políticas. Sus decisiones no se apegan a la ley (aunque al menos tratan de cuidar las formas) sino que se apegan a la voluntad política de los intereses que han creado y conformado ese Tribunal. 

   No queremos que se nos vea como aquellos que hicieron un disparate para luego acusar al Tribunal. Queremos que quede claro, que acudimos a las "vías institucionales", y nos cerraron la puerta en la cara, negándose siquiera a conocer el fondo de nuestros argumentos.  

   Esa es la realidad de las instituciones de nuestro país; por un momento pensamos que podía ser diferente, pero nos equivocamos. 

C.C

Los policías y militares también tienen derecho al voto

El voto es un derecho humano, y por lo tanto es inalienable, imprescriptible e inviolable.

Claudio Caamaño Vélez

Por Claudio Caamaño Vélez

Podemos pensar que lo normal es que los policías y militares no votan, pero lo cierto es que son pocos los países que aun se niegan a respetarles ese derecho. En toda América tan solo cuatro países, nosotros uno de ellos, le impiden a sus cuerpos armados el ejercicio del sufragio.

La discriminación siempre busca argumentos para bañarse de justicia. Hace unas décadas en EE.UU, por ejemplo, no votaban negros ni mujeres. ¿Cómo justificamos eso hoy? Ni ahora ni antes eso era justificable, pero así era. Hoy, eso mismo ocurre con el caso de los policías y militares en República Dominicana.

Es momento de iniciar un debate serio, que desmonte los falsos e insostenibles argumentos que mantienen a cerca de cien mil personas privadas de un derecho civil, humano y fundamental como lo es el derecho de participar en la escogencia de las autoridades.

A continuación desarrollaremos algunos puntos para que entendamos lo injusto que es negarle el derecho al voto a los policías y militares.

El derecho al voto como un derecho civil y humano

El voto es un derecho civil, y es también un derecho humano, pues los derechos civiles son Derechos Humanos, al igual que son derechos civiles el derecho a la vida, a la dignidad, a la igualdad, y a la libertad, por mencionar los cuatro primeros de una larga lista. No podemos pensar jamás que estos se pierden por ser policía o militar.

Entendemos que un militar deja de ser civil, lo cual es un error conceptual. La palabra civil, hace alusión a ciudadano. Un militar o policía es un ciudadano y no deja de serlo. Los derechos de ciudadanía se adquieren al cumplir 18 años; se pierden por traición a la patria, y se suspenden por condena a pena criminal. ¿Acaso ser policía o militar es un crimen, acaso es una traición? ¿Por qué colocar a nuestros cuerpos armados al nivel de los criminales y los traidores?

Decir que un militar no es civil equivale a decir que no es ciudadano, y que tampoco tiene derechos civiles. Ambas cosas son una aberración.

Esa lógica se ha impuesto como una forma de aislar a los militares y policías del resto de la sociedad, para que no tengan contemplación al momento de abusar de la población. Mantener esa concepción es querer mantener a los cuerpos armados como cuerpos de represión, propios de los regímenes dictatoriales.  Esa es una página que debería estar cerrada.

Obediencia, imparcialidad, decisión

Los cuerpos armados deben ser obedientes al poder legalmente constituido. Pero una cosa es ser obediente, y otra es ser servil. Ser obediente es actuar sin cuestionar, siempre que dichas órdenes estén apegadas a las leyes. Por el contrario, ser servil es actuar aun si las órdenes son contrarias a las leyes. Ahora mismo en el país tenemos cuerpos armados que pasan de la obediencia al servilismo.

La imparcialidad de los cuerpos armados no tiene nada que ver con su ejercicio de la democracia. Decir que el hecho de que un militar o policía vote quebrantará su imparcialidad, sería lo mismo que decir que el hecho de que un juez o un fiscal vote le despojaría de su imparcialidad, sin embargo estos últimos si votan; y de hecho la imparcialidad de los jueces y fiscales es más delicada que la de los militares y policías. El presidente de la Junta Central Electoral vota, los jueces del Tribunal Superior Electoral votan, y así mismo los del Tribunal Constitucional.

Decir que si los militares y policías votaran lo harían por el que les ordenen sus superiores, es lo mismo que decir que los empleados públicos han de votar por el que les digan sus jefes, sin embargo los empleados públicos si votan. Si por esta razón le negamos el voto a los cuerpos armados, entonces con más razón deberíamos negarles el voto a los empleados públicos. Pero el asunto no es negar derechos, sino garantizarlos.

Incongruencia constitucional

El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, plantea que "toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos." Por lo que tener participación en la escogencia de esos representantes es un derecho humano, y aquí eso se produce mediante el sufragio, es decir, el voto. Por lo que el voto es un derecho humano.

La Constitución Dominicana en su artículo 74.3 plantea que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”. Eso está claro.

La incongruencia esta en el párrafo de artículo 208, el cual plantea que “no tienen derecho al sufragio los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. Así de simple, sin más ni menos. Un párrafo que se ve que fue metido ahí por los moños, que niega la naturaleza misma del Estado Dominicano, la cual es garantizar los derechos, no negarlos. Ese desdichado párrafo choca con el derecho a la igualdad, el derecho a participar de los ciudadanos, y el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos.

Esa incongruencia puede ser fácilmente resuelta mediante la aplicación del principio de reglamentación e interpretación contenido en el artículo 74.4, que plantea que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”. Por lo que si la Constitución por un lado reconoce un derecho, que por otro lado lo quita, entonces se tomará en sentido más favorable a la persona, es decir, respetando el derecho. De lo contrario se impondría la negación a un derecho por encima del respeto a ese mismo derecho, y eso es muy contrario a nuestra razón de ser como nación y como Estado Social y Democrático de Derecho. 

La Constitución regula el ejercicio de los derechos, no para violarlos. El Estado existe para garantizar derechos no para suprimirlos.