Por Claudio A. Caamaño Vélez
Es justo felicitar la valentía y la responsabilidad que
muestran las declaraciones de Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, que no
son suyas, sino del organismo que él representa (que no e’paja e’coco). Son
legítimas, y expresan sabiduría.
Es lógico que los que colapsaron el sistema electoral
dominicano pretendan desacreditar esas verdades irrefutables. Pero es absurdo
decir que a los empresarios no les compete ese tema; como si las autoridades
“electas” el 15 de mayo no fueran a administrar los impuestos que ellos pagan;
como si la estabilidad económica no tuviera que ver con la estabilidad
política; o como si los empresarios no fueran también ciudadanos.
Los que nos gobiernan hoy exhiben un poder que no respeta la sana
crítica, incluso si viene de los que soportan económicamente la estructura de
la cual parasitan.
La preocupación de que un partido haya usado toda clase de argucias
para monopolizar el poder, arrasando con el equilibrio político, soporte de la
paz y la estabilidad, no debe ser preocupación exclusiva del CONEP. Decir que “la confianza en la institucionalidad que
rige las elecciones se agotó”, que “en
nuestra sociedad hay un malestar de desconfianza en las instituciones a las que
hemos entregado la función de representarnos”, es una clara lectura de la
realidad.
Cuando la confianza en la institucionalidad electoral está
rota, y lo está, la estructura institucional colapsa, pues se pierde la
credibilidad, razón de ser del andamiaje del Estado.
Cuando a una olla de presión le tapan la válvula, reventará
por algún lado. El PLD al acaparar todos los poderes ha cerrado esa válvula, y
lo único que pide el CONEP es que la abra para evitar una explosión con
consecuencias inciertas ¿Eso es mucho pedir? ¿Es acaso una imprudencia? O tal
vez lo imprudente es quedarse callado y dejar que reviente, como de seguro
ocurrirá si no se toman los correctivos.
El CONEP tiene un pedimento sensato: la implementación de
medidas que nos permitan iniciar el camino para recobrar la confianza. Una
solicitud al parecer muy radical para los que hacen fiesta con el Estado.
Plantea que eso es posible promoviendo mayor equidad en el
financiamiento de los partidos políticos; fortaleciendo la capacidad de
fiscalización, control y sanción para los que violen la ley; garantizando el
derecho de la ciudadanía a estar bien informada; aprobando la Ley de Partidos y
una nueva Ley Electoral. Esos no son inventos del CONEP; lo sugirió la OEA y lo
ordena la Constitución desde el 2010.
¿Es exageración pedir que sea acortado el periodo de campaña
y limitar los recursos de la misma? Recursos que después son sacados de las
costillas del pueblo y exprimido de las empresas. ¿Es insensatez pretender que
en la elección de los candidatos prime el talento, la capacidad y la
trayectoria, y no la cantidad de dinero que tengan? Lo único insensato ahí es
que eso lo digan los que tienen dinero, en lugar de ser los “progresistas”
quienes enarbolen con vehemencia ese discurso.
Una Ley de Partidos que establezca procesos institucionales
que ponga un freno al capricho y a los negocios de las cúpulas partidarias ¿Es
eso algo descabellado? De seguro que si para los que adoran el autoritarismo, y
los que negocian candidaturas. ¿Tal vez sea un exceso del CONEP pretender un
freno para el descontrol que existe en los partidos, que abre las puertas a
lavadores de dinero, narcotraficantes y contrabandistas?
El atrevimiento mayor de seguro fue mencionar que el aumento
excesivo en el gasto público durante los procesos electorales ha sido la
principal causa de reformas fiscales. Como dijo alguien por ahí: “no se puede
ocultar”. ¿O tal vez fue más atrevido plantear topes al déficit y la deuda
pública? Es muy bueno endeudarse y pedir prestado para que otros paguen.
El CONEP tiene razón, la sociedad no permitirá que los
partidos continúen repartiéndose la Junta Central Electoral, el Tribunal
Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y las Altas Cortes. No lo permitirá o
no lo resistirá; esta es una situación insostenible, que por un lado u otro va
a reventar. Y si puede haber algo peor que la repartición de esas instituciones
entre los partidos, es que uno solo lo acapare todo.
El CONEP no ha pasado de la barrera empresarial a la política;
es que ante la ausencia de posturas políticas por parte de los que en teoría
deberían asumirlas, su postura brilla más de lo que a muchos les gustaría.
La oposición dominicana, la sociedad en sentido general,
deben respaldar las declaraciones del CONEP, emular la sabiduría y responsabilidad
que ha tenido ese organismo. Ellos dijeron que están dispuestos a hacer su
parte (y la están haciendo), hagamos nosotros la nuestra.
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