Nota importante: El autor es médico especialista en Medicina Interna, Medicina Pulmonar y Cuidado Crítico, previo investigador clínico asociado al departamento de Microbiología de la escuela de Medicina de Ponce, Puerto Rico, en las áreas de biología molecular y análisis de ADN. Ha realizado más de 18 mil pruebas de ADN a lo largo de su carrera.
Por George F Torres, MD
“…borra de un solo golpe y plumazo todos los elementos que hasta ese
momento se habían considerado validos con respecto a la procedencia de estos
restos, basados en “conclusiones” que luego de leer el informe mismo solo puedo
catalogar de poco veraces, absurdas y contradictorias”.
Florida, Estados Unidos.- El día 16 de Febrero de 1973
fue asesinado en las montañas dominicanas el Coronel Francisco Alberto Caamaño
Deñó, quien solo 14 días antes había desembarcado comandando un grupo
guerrillero que había decidido enfrentar con las armas al gobierno del Dr. Joaquín
Balaguer.
Los testimonios
hasta ahora obtenidos de los participantes en aquella gesta Histórica dan
cuenta de que Caamaño fue capturado con vida y posteriormente fusilado.
Existiendo ordenes previas de que su cuerpo fuera destruido, el mismo fue
sometido a temperaturas extremas en una pira improvisada para tales fines y
sometido a su vez a la acción térmica de varios combustibles fósiles y químicos
por varias horas, siendo su cuerpo parcialmente destruido y desmembrado con la
consecuente desaparición de la mayoría de las piezas óseas, procediéndose con
posterioridad al enterramiento de las mismas junto a los restos de dos de sus
compañeros muertos el mismo día.
En el año 1987
luego de incesantes esfuerzos, y con la cooperación bajo promesa de recompensa
económica a detectives privados y miembros separados y/o activos de las Fuerzas
Armadas, en una zona altamente militarizada se encontraron unos restos óseos en
el Valle de las Lechuguillas, San José de Ocoa, mismo lugar donde había sido
asesinado catorce años antes el Coronel Caamaño. Luego de obtener la
autorización del presidente de la República, Joaquín Balaguer, y su Ministro de
las Fuerzas Armadas, Antonio Imbert Barreras, se autorizó a un grupo de los
mejores antropólogos del país a realizar un levantamiento de los mismos bajo la
atenta mirada de familiares, periodistas, militares y particulares que allí se
reunieron.
De acuerdo a la
descripción ofrecida por el principal investigador de este caso, se había
expuesto un fémur humano sin que la geografía circundante a la misma área fuese alterada en lo más mínimo. En una
brillante exposición de la localización, ubicación, estado de los restos y
procedimientos seguidos para su excavación
se hizo referencia a un cuerpo incompleto, desmembrado, quemado bajo la acción
del fuego, al cual le faltaban la mayoría de sus piezas óseas incluyendo la
cabeza, las manos y los pies, y colocado en posición atípica en medio del
terreno circundante. Es importante señalar que a escasa distancia de este
cadáver incompleto y mutilado se encontraron dos esqueletos completos
pertenecientes a dos seres humanos más.
En relación a
los medios utilizados para desenterrar
estos restos humanos, en aquel lugar no se trataron los mismos como el área de
un crimen, sino como un levantamiento arqueológico. Por ende no se
establecieron las medidas de precaución que hoy se aconsejan para evitar la
contaminación de estas áreas y proceder a una identificación no adulterada y
propicia de los restos a ser analizados. Es de conocimiento público que para
este levantamiento no se cubrió el medio ambiente, no se utilizaron ni siquiera
guantes y/o mascarillas y que los mismos fueron manipulados por más de veinte o
treinta personas, incluyendo su traslado a casas de particulares antes de ser
llevados a su destino final en la Avenida Máximo Gómez, en una de las
manifestaciones populares más grandes que hayan ocurrido en la República
Dominicana.
El estudio
antropológico realizado en 1987 es, sin embargo, nada menos que brillante. Se
ofrecen en el mismo los detalles anatómicos de los huesos en estudio; se hace
referencia a los materiales encontrados en los huesos y a su definitiva exposición
a altas temperaturas y al efecto del trauma. Se utilizaron medidas
antropométricas exactas, avaladas por estudios radiográficos precisos y se
llego a la conclusión acertada, desde el punto de vista científico, de que
estos restos eran enteramente compatibles con quien en vida se llamo Francisco
Alberto Caamaño Deñó. Sumado a la prueba antropológica, a la evidencia
testimonial y a las características así descritas se hizo obvio que estos
restos humanos correspondían a los del Comandante asesinado.
En el año 2013 el
Congreso de la Republica, máximo organismo del poder Legislativo, promulgo una
ley para el Traslado de estos restos óseos, desde su lugar de descanso en la
Avenida Máximo Gómez hasta el Panteón de la Patria, donde reposan los Héroes de
la República. Luego de la Promulgación de la Ley 4-13 por la Máxima Autoridad Política,
el Presidente de la República, Danilo Medina, se crea una comisión para
organizar el traslado de los restos hasta el Panteón Nacional, cuyo objetivo no
era otro que facilitar los medios para que esta actividad fuera posible.
Es entonces cuando,
atribuyéndose facultades que no le correspondían ni le corresponden y violando
la disposición de una Ley, el Ministro de Cultura accede a presiones de
particulares y decide realizar pruebas de ADN a los restos encontrados hacia ya
27 años. Es en este momento en el cual soy requerido por el presidente de la Fundación
Caamaño, Claudio Caamaño Grullon, para
ofrecer mi opinión en el mismo sentido, como miembro de la Fundación Caamaño y
su representante en los EEUU de Norteamérica.
Luego de estudiar
detenidamente este caso, y comunicándome a su vez tanto con miembros de las familias
Caamaño Vélez, Caamaño Acevedo y Caamaño Deñó para ofrecer mis perspectivas sobre
este caso en particular, con la experiencia de haber participado de manera
directa o indirecta en la obtención, el procesamiento y análisis de más de
18,000 muestras de ADN en mi carrera profesional, envié varias declaraciones
juradas en donde rechazaba la factibilidad de obtener una muestra fidedigna,
debido a varios factores que ya han sido mencionados en otras comunicaciones y
que todos ellos recibieron de manera directa de mi parte. Recomendé a la
referida Comisión la no realización de esas pruebas, precisamente conociendo la
posibilidad real de un resultado negativo o pobremente específico y erróneo,
tal como efectivamente ha sucedido y por el cual se pretende llevarle al pueblo
dominicano la noción de que estos restos no son auténticos.
Es menester señalar
que para mi sorpresa, y de nuevo obviando todos los protocolos establecidos
para el trato de estos restos como evidencia de un crimen, se realizó una nueva
exhumación en presencia de periodistas, familiares y particulares, esta vez en
el Cementerio de la Avenida Máximo Gómez. Una vez más, el área no fue sellada
al ambiente. La urna conteniendo los restos descritos fue abierta al medio
ambiente y al público allí presente, que constaba de decenas de personas. Luego
de realizar este show mediático los restos fueron transportados bajo
prácticamente ninguna custodia al centro INACIF en la ciudad de Santo Domingo.
Luego de varios
meses sin ofrecer ningún tipo de información pública, y sólo luego de la orden
expresa de un tribunal (el Superior Administrativo), el INACIF sorprende a la Nación
Dominicana, para alegría expresa de unos pocos, y emite un reporte que borra de
un solo golpe y plumazo todos los elementos que hasta ese momento se habían
considerado validos con respecto a la procedencia de estos restos, basados en
“conclusiones” que luego de leer el informe mismo solo puedo catalogar de poco
veraces, absurdas y contradictorias.
La comparación
entre el estudio antropológico de 1987, el cual ni siquiera es mencionado en el
reporte actual de INACIF, y este último reporte es diametralmente opuesta,
tanto en la forma, el contenido, la precisión y la calidad científica de los
mismos. Se llegan a cometer errores garrafales que hemos (para no utilizar
otros términos) catalogado de graves y penosos. Para nada se tomó en cuenta el
estudio previo, ni sus datos, ni su contenido, ni sus resultados. Se partió desde un principio con un
desconocimiento total de la forma en que fueron hallados, manejados,
manipulados y estudiados estos restos en el pasado. El informe del INACIF se
llega a contradecir en sí mismo en más de una ocasión, con descripciones de
huesos “completos en más de un 95%” con “huesos incompletos, fragmentos y
extremos proximales de los mismos”. Afirma todavía más el investigador
principal diciendo que estos restos están “completos tal como ocurrió al
momento de la muerte”, sin mencionar cual fue ese momento, ni sugerir siquiera
una causa probable para la misma.
Describe el INACIF
en estos “huesos completos” la friolera de 66 piezas óseas, no concluyendo que
a estos restos humanos por ende le faltan 160 piezas óseas. Por sus análisis
contradictorios, adulterados y marcadamente erróneos, llegan y le transmiten a
la población que allí había más de un individuo y más de un sexo en las
referencias suministradas.
El peor de los
errores, y el mas craso, sin embrago ocurre cuando se realiza un estudio de ADN
no tomando en cuenta variable alguna que no fuese demostrar una familiaridad
entre las muestras en cuestión y algunos miembros de la familia Caamaño, y no
entender las variables científicas y epidemiológicas de sensitividad y
especificidad de una prueba cualquiera para dar a conocer sus disparatados
resultados. Es decir, el hecho de que aparezca, tal como apareció un “ADN” en
estos restos y no aparezca el mismo “ADN” en los demás familiares no se puede
interpretar tal como erróneamente se interpreto, es decir, probando que esos
restos no pertenecían al padre biológico o hermano de esos miembros, sino que
esos miembros no estuvieron en contacto con la muestra analizada en cuestión,
siendo esta la principal diferencia entre un estudio diseñado para ofrecer
resultados validos y uno que buscaba de antemano señalar la negatividad misma.
La pregunta que
debió hacerse y no se hizo el INACIF era de quien era el ADN encontrado en los restos. De cuál de las 20 o
30 personas que manipularon esos restos en 1987. De cuál de los técnicos que
efectuaron la prueba. De cuál de las decenas de personas que estaban allí
presentes cuando de manera desordenada se abrió la urna al medio ambiente,
cuando es de ellos muy bien sabido que una sola partícula de saliva, sudor,
contaminación de varios orígenes, podía adulterar el resultado de la muestra
misma. Todo lo anterior sin medir las consecuencias de su error para la
Historia y la Nación Dominicana.
Ese, y no otro, es
el peor de los pecados de este reporte improcedente, anormal, incongruente e
injusto, que de manera obvia se asocia a los peores intereses que gravitan
sobre la República Dominicana, y por lo que jamás debió ni debe ser aceptado
como válido por el pueblo dominicano. Es por lo mismo que nos reafirmamos en
nuestra posición de que los restos del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó
deben ser llevados sin más dilaciones y sin más violaciones de los poderes del
Estado a su lugar definitivo en el Panteón de Los Héroes de La Patria.
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