OPINION SOBRE INFORME DEL INACIF RESTOS CAAMAÑO

Nota importante: El autor es médico especialista en Medicina Interna, Medicina Pulmonar y Cuidado Crítico, previo investigador clínico asociado al departamento de Microbiología de la escuela de Medicina de Ponce, Puerto Rico, en las áreas de biología molecular y análisis de ADN. Ha realizado más de 18 mil pruebas de ADN a lo largo de su carrera.

Por George F Torres,  MD

“…borra de un solo golpe y plumazo todos los elementos que hasta ese momento se habían considerado validos con respecto a la procedencia de estos restos, basados en “conclusiones” que luego de leer el informe mismo solo puedo catalogar de poco veraces, absurdas y contradictorias”.

Florida, Estados Unidos.- El día 16 de Febrero de 1973 fue asesinado en las montañas dominicanas el Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien solo 14 días antes había desembarcado comandando un grupo guerrillero que había decidido enfrentar con las armas al gobierno del Dr. Joaquín Balaguer.

Los testimonios hasta ahora obtenidos de los participantes en aquella gesta Histórica dan cuenta de que Caamaño fue capturado con vida y posteriormente fusilado. Existiendo ordenes previas de que su cuerpo fuera destruido, el mismo fue sometido a temperaturas extremas en una pira improvisada para tales fines y sometido a su vez a la acción térmica de varios combustibles fósiles y químicos por varias horas, siendo su cuerpo parcialmente destruido y desmembrado con la consecuente desaparición de la mayoría de las piezas óseas, procediéndose con posterioridad al enterramiento de las mismas junto a los restos de dos de sus compañeros muertos el mismo día.

En el año 1987 luego de incesantes esfuerzos, y con la cooperación bajo promesa de recompensa económica a detectives privados y miembros separados y/o activos de las Fuerzas Armadas, en una zona altamente militarizada se encontraron unos restos óseos en el Valle de las Lechuguillas, San José de Ocoa, mismo lugar donde había sido asesinado catorce años antes el Coronel Caamaño. Luego de obtener la autorización del presidente de la República, Joaquín Balaguer, y su Ministro de las Fuerzas Armadas, Antonio Imbert Barreras, se autorizó a un grupo de los mejores antropólogos del país a realizar un levantamiento de los mismos bajo la atenta mirada de familiares, periodistas, militares y particulares que allí se reunieron.

De acuerdo a la descripción ofrecida por el principal investigador de este caso, se había expuesto un fémur humano sin que la geografía circundante a la misma área fuese alterada en lo más mínimo. En una brillante exposición de la localización, ubicación, estado de los restos y procedimientos seguidos para su  excavación se hizo referencia a un cuerpo incompleto, desmembrado, quemado bajo la acción del fuego, al cual le faltaban la mayoría de sus piezas óseas incluyendo la cabeza, las manos y los pies, y colocado en posición atípica en medio del terreno circundante. Es importante señalar que a escasa distancia de este cadáver incompleto y mutilado se encontraron dos esqueletos completos pertenecientes a dos seres humanos más.

En relación a los  medios utilizados para desenterrar estos restos humanos, en aquel lugar no se trataron los mismos como el área de un crimen, sino como un levantamiento arqueológico. Por ende no se establecieron las medidas de precaución que hoy se aconsejan para evitar la contaminación de estas áreas y proceder a una identificación no adulterada y propicia de los restos a ser analizados. Es de conocimiento público que para este levantamiento no se cubrió el medio ambiente, no se utilizaron ni siquiera guantes y/o mascarillas y que los mismos fueron manipulados por más de veinte o treinta personas, incluyendo su traslado a casas de particulares antes de ser llevados a su destino final en la Avenida Máximo Gómez, en una de las manifestaciones populares más grandes que hayan ocurrido en la República Dominicana.

El estudio antropológico realizado en 1987 es, sin embargo, nada menos que brillante. Se ofrecen en el mismo los detalles anatómicos de los huesos en estudio; se hace referencia a los materiales encontrados en los huesos y a su definitiva exposición a altas temperaturas y al efecto del trauma. Se utilizaron medidas antropométricas exactas, avaladas por estudios radiográficos precisos y se llego a la conclusión acertada, desde el punto de vista científico, de que estos restos eran enteramente compatibles con quien en vida se llamo Francisco Alberto Caamaño Deñó. Sumado a la prueba antropológica, a la evidencia testimonial y a las características así descritas se hizo obvio que estos restos humanos correspondían a los del Comandante asesinado.

En el año 2013 el Congreso de la Republica, máximo organismo del poder Legislativo, promulgo una ley para el Traslado de estos restos óseos, desde su lugar de descanso en la Avenida Máximo Gómez hasta el Panteón de la Patria, donde reposan los Héroes de la República. Luego de la Promulgación de la Ley 4-13 por la Máxima Autoridad Política, el Presidente de la República, Danilo Medina, se crea una comisión para organizar el traslado de los restos hasta el Panteón Nacional, cuyo objetivo no era otro que facilitar los medios para que esta actividad fuera posible.

Es entonces cuando, atribuyéndose facultades que no le correspondían ni le corresponden y violando la disposición de una Ley, el Ministro de Cultura accede a presiones de particulares y decide realizar pruebas de ADN a los restos encontrados hacia ya 27 años. Es en este momento en el cual soy requerido por el presidente de la Fundación Caamaño, Claudio Caamaño Grullon,  para ofrecer mi opinión en el mismo sentido, como miembro de la Fundación Caamaño y su representante en los EEUU de Norteamérica.

Luego de estudiar detenidamente este caso, y comunicándome a su vez tanto con miembros de las familias Caamaño Vélez, Caamaño Acevedo y Caamaño Deñó para ofrecer mis perspectivas sobre este caso en particular, con la experiencia de haber participado de manera directa o indirecta en la obtención, el procesamiento y análisis de más de 18,000 muestras de ADN en mi carrera profesional, envié varias declaraciones juradas en donde rechazaba la factibilidad de obtener una muestra fidedigna, debido a varios factores que ya han sido mencionados en otras comunicaciones y que todos ellos recibieron de manera directa de mi parte. Recomendé a la referida Comisión la no realización de esas pruebas, precisamente conociendo la posibilidad real de un resultado negativo o pobremente específico y erróneo, tal como efectivamente ha sucedido y por el cual se pretende llevarle al pueblo dominicano la noción de que estos restos no son auténticos.

Es menester señalar que para mi sorpresa, y de nuevo obviando todos los protocolos establecidos para el trato de estos restos como evidencia de un crimen, se realizó una nueva exhumación en presencia de periodistas, familiares y particulares, esta vez en el Cementerio de la Avenida Máximo Gómez. Una vez más, el área no fue sellada al ambiente. La urna conteniendo los restos descritos fue abierta al medio ambiente y al público allí presente, que constaba de decenas de personas. Luego de realizar este show mediático los restos fueron transportados bajo prácticamente ninguna custodia al centro INACIF en la ciudad de Santo Domingo.

Luego de varios meses sin ofrecer ningún tipo de información pública, y sólo luego de la orden expresa de un tribunal (el Superior Administrativo), el INACIF sorprende a la Nación Dominicana, para alegría expresa de unos pocos, y emite un reporte que borra de un solo golpe y plumazo todos los elementos que hasta ese momento se habían considerado validos con respecto a la procedencia de estos restos, basados en “conclusiones” que luego de leer el informe mismo solo puedo catalogar de poco veraces, absurdas y contradictorias.

La comparación entre el estudio antropológico de 1987, el cual ni siquiera es mencionado en el reporte actual de INACIF, y este último reporte es diametralmente opuesta, tanto en la forma, el contenido, la precisión y la calidad científica de los mismos. Se llegan a cometer errores garrafales que hemos (para no utilizar otros términos) catalogado de graves y penosos. Para nada se tomó en cuenta el estudio previo, ni sus datos, ni su contenido, ni sus resultados.  Se partió desde un principio con un desconocimiento total de la forma en que fueron hallados, manejados, manipulados y estudiados estos restos en el pasado. El informe del INACIF se llega a contradecir en sí mismo en más de una ocasión, con descripciones de huesos “completos en más de un 95%” con “huesos incompletos, fragmentos y extremos proximales de los mismos”. Afirma todavía más el investigador principal diciendo que estos restos están “completos tal como ocurrió al momento de la muerte”, sin mencionar cual fue ese momento, ni sugerir siquiera una causa probable para la misma.

Describe el INACIF en estos “huesos completos” la friolera de 66 piezas óseas, no concluyendo que a estos restos humanos por ende le faltan 160 piezas óseas. Por sus análisis contradictorios, adulterados y marcadamente erróneos, llegan y le transmiten a la población que allí había más de un individuo y más de un sexo en las referencias suministradas.

El peor de los errores, y el mas craso, sin embrago ocurre cuando se realiza un estudio de ADN no tomando en cuenta variable alguna que no fuese demostrar una familiaridad entre las muestras en cuestión y algunos miembros de la familia Caamaño, y no entender las variables científicas y epidemiológicas de sensitividad y especificidad de una prueba cualquiera para dar a conocer sus disparatados resultados. Es decir, el hecho de que aparezca, tal como apareció un “ADN” en estos restos y no aparezca el mismo “ADN” en los demás familiares no se puede interpretar tal como erróneamente se interpreto, es decir, probando que esos restos no pertenecían al padre biológico o hermano de esos miembros, sino que esos miembros no estuvieron en contacto con la muestra analizada en cuestión, siendo esta la principal diferencia entre un estudio diseñado para ofrecer resultados validos y uno que buscaba de antemano señalar la negatividad misma.

La pregunta que debió hacerse y no se hizo el INACIF era de quien era el ADN encontrado en los restos. De cuál de las 20 o 30 personas que manipularon esos restos en 1987. De cuál de los técnicos que efectuaron la prueba. De cuál de las decenas de personas que estaban allí presentes cuando de manera desordenada se abrió la urna al medio ambiente, cuando es de ellos muy bien sabido que una sola partícula de saliva, sudor, contaminación de varios orígenes, podía adulterar el resultado de la muestra misma. Todo lo anterior sin medir las consecuencias de su error para la Historia y la Nación Dominicana.

Ese, y no otro, es el peor de los pecados de este reporte improcedente, anormal, incongruente e injusto, que de manera obvia se asocia a los peores intereses que gravitan sobre la República Dominicana, y por lo que jamás debió ni debe ser aceptado como válido por el pueblo dominicano. Es por lo mismo que nos reafirmamos en nuestra posición de que los restos del Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó deben ser llevados sin más dilaciones y sin más violaciones de los poderes del Estado a su lugar definitivo en el Panteón de Los Héroes de La Patria.