Por
CLAUDIO A. CAAMAÑO VÉLEZ
No es un secreto la
crisis de inseguridad en la que estamos viviendo. Quieren que pensemos que los
culpables de esta son los delincuentes. El gobierno tiene los medios, poder y
recursos para garantizar nuestros derechos, y premeditadamente fomenta la
delincuencia mientras devora el Estado.
Esa estrategia de
distracción nos cuesta, según datos de la Procuraduría, 5 mil muertes violentas
al año. 5 mil seres humanos. 5 mil familias enlutadas.
El gobierno asigna 4,000
millones de nomina de la Policía Nacional; 3,000 de presupuesto a la
Procuraduría; 5,222 de presupuesto a la SCJ. Mientras por otro lado dedica
91,800 millones (2,040 millones de dólares) a las muy cuestionadas plantas a
carbón. Si sumamos la nomina policial, y los presupuesto de la Procuraduría y
la SCJ (12,222 millones) veremos que el gobierno invierte 7.5 veces más en las
plantas a carbón que en combatir la delincuencia.
Mientras el gobierno
invierte en plantas eléctricas, miles y miles ya no pueden ver la luz ¿De qué
nos sirve resolver el problema eléctrico en un país donde no se respeta la
vida? La respuesta está en los 40 mil millones de pesos de sobrevaluación de
las plantas a carbón.
Dios mío, a donde vamos a
parar con este tren ¿Es que la avaricia de unos pocos vale más que la vida y la
tranquilidad de un pueblo? Esto hay que pararlo ya.